Amenazas de ex represores a testigos de una causa de derechos humanos y los documentos de Manzanelli

manzanelli web 1Este artículo fue publicado en la edición del 11 de julio de 2000 del diario Clarín. Este episodio aborda una investigación por amenazas a testigos de causas de derechos humanos y a un documento que el represor Luis Manzanelli (Foto) tenía sobre el modo de proteger a Luciano Benjamín Menéndez frente a las citaciones en causas de averiguación de la verdad histórica, que permitían conocer lo sucedido en delitos de lesa humanidad, pero sin sancionar a sus responsables. La declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida el 21 de agosto de 2003, abrió paso a los juicios a contra militares y civiles que fueron participes del Terrorismo de Estado.

La posibilidad de que militares retirados y en actividad sean citados a los Tribunales sigue latente. La justicia federal de Córdoba investiga ahora una serie de amenazas e intimidaciones que sufrieron testigos, abogados y militantes de organismos de derechos humanos desde que se reabrió la denominada causa Menéndez, a mediados de 1998.

En este caso están en la mira ex represores que actuaron en el campo de concentración La Perla, un lugar en el que habrían estado detenidas y desaparecieron más de 2.500 personas entre 1976 y 1979. La información fue confirmada a Clarín por fuentes con acceso al expediente. Hasta ahora quien aparece mencionado en mayor cantidad de oportunidades es el sargento ayudante (R) Luis Manzanelli, que integró grupos de secuestro de personas y fue uno de los interrogadores de La Perla.

A fines del año pasado, cuando fue allanada su vivienda en un barrio de Córdoba, tenía en su poder copias de expedientes judiciales relacionados con las violaciones a los derechos humanos y documentación sobre un plan de encubrimiento del ex jefe del III Cuerpo de Ejército Luciano Benjamín Menéndez. El objetivo era establecer un cerco de silencio para evitar quiebres entre los militares que fueran citados por la Justicia.

La fiscal Graciela López de Filoñuk, que tiene a cargo la instrucción, dispuso numerosas medidas procesales, pero hasta el momento no efectuó imputaciones.

Habría escuchas telefónicas en las que (Manzanelli) aparece conversando con otros militares y en las que analizaba el sistema de protección a Menéndez para el momento en que fueran convocados por la jueza Garzón de Lascano”.

La ruta de las amenazas es probable que también tenga lazos, por lo menos informales, con los espías del III Cuerpo, que en mayo del año pasado emergieron para conocer detalles de la causa Menéndez. Ese voluminoso expediente está a cargo de la jueza Cristina Garzón de Lascano.

Las mismas fuentes revelaron a Clarín los siguientes hechos:

> Manzanelli habría fotografiado, a principios de 1999, la vivienda de la abogada de Abuelas de Plaza de Mayo en Córdoba, Marité Sánchez. Varios testigos señalaron que habría estado allí y que se desplazaba en su auto, un VW Gol de color bordó, con vidrios polarizados y patente CGN729.

>El año pasado, un vehículo similar fue observado en varias oportunidades merodeando la casa de la abuela de Plaza de Mayo Sonia Torres de Parodi, en Villa Rivera Indarte, 10 kilómetros al oeste de Córdoba. Estas intimidaciones ocurrían cuando el móvil de la Policía cordobesa que la protegía se trasladaba hasta una sucursal bancaria para resguardar la descarga de sacas con dinero. Este dato podría revelar la existencia de contactos con el interior de la Policía porque el patrullero era requerido, cada vez, en horarios diferentes.

>Este suboficial figuraría aún en alguna de las categorías de la inteligencia militar. Su nombre estaría en una lista a la que accedió la justicia federal.

>También habría escuchas telefónicas en las que aparece conversando con otros militares y en las que analizaba el sistema de protección a Menéndez para el momento en que fueran convocados por la jueza Garzón de Lascano.

>Documentación secuestrada en el allanamiento a su casa confirmó la existencia de este plan. “Hay que organizar al personal, tranquilizarlo y tenerlo a mano”, dice entre otros puntos uno de los escritos encontrados.

>Tanto Sánchez como Torres de Parodi, y la sobreviviente del campo de concentración de La Perla, Liliana Callizo recibieron amenazas telefónicas.

>En marzo de 1999, Callizo recibió cartas en las que era amenazada y se describían situaciones ocurridas en ese campo de detenidos. Se cree que el papel y los sobres utilizados estaban en las oficinas de ese siniestro lugar.

>El suboficial Hugo Herrera, uno de los interrogadores de La Perla e integrante del Comando Libertadores de América en la década del 70 —versión cordobesa de la Triple A—, fue denunciado el 23 de mayo de 1998 por el diputado nacional Atilio Tazzioli (Frepaso) como sospechoso de hacer escuchas telefónicas a políticos cordobeses. Trabajaba para una empresa de seguridad con actividades en Telecom y, al parecer, tenía acceso al lugar donde la SIDE efectuaba las escuchas ordenadas por los jueces.

El artículo completo publicado en Clarín.

La muerte de Manzanelli en 2015.

 

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